Termina el blanqueo, pero pretenden extenderlo entre críticas por la evasión y el lavado

La tercera y última fase del blanqueo de capitales 2024/2025 finaliza este miércoles, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, planea prorrogarlo. En las primeras dos etapas se registraron US$31.252 millones que habían evadido 278.000 contribuyentes, a razón de US$112.000 por cabeza, en un país con 45 millones de habitantes.

El blanqueo permitió registrar sin pagar impuestos hasta US$100.000 y abonar por el excedente de esa cifra 5% en la primera etapa finalizada en noviembre, 10% en la segunda que duró hasta febrero y 15% en la que cierra ahora. Sólo se pudo declarar efectivo en la primera fase.

Caputo dijo este lunes que quiere apuntar a los “dólares encanutados en el colchón, en cajas de seguridad o donde sea”, sin explicitar las cuentas offshore, como aquellas por las que fue investigado en el gobierno de Mauricio Macri. Y abogó por que se usen “sin dar explicaciones” a las autoridades. “Para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastas la plata”, declaró el ministro, aunque en los países desarrollados y aquellos que pretenden serlo tanto las autoridades tributarias como la de lucha contra el lavado de dinero sí exigen esclarecer el origen de los fondos.

No está claro cómo se instrumentará el nuevo blanqueo que propone Caputo, pero el que se votó por ley en el Congreso el año pasado establece que el Ejecutivo puede prorrogar cualquiera de las fechas de las tres etapas hasta el 31 de julio. Por eso no se descarta un decreto que reabra el fase 1, que permitía el blanqueo de efectivo.

El Gobierno busca prorrogar la amnistía fiscal o impulsar una nueva para impulsar el consumo y el ingreso de dólares, en tiempos en que necesita acumular reservas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en que pretende seguir apreciando el peso para bajar la inflación. Pero la medida despierta críticas de expertos que defienden la lucha contra la evasión y la injusticia tributarias y contra el lavado de activos de ese origen o del crimen organizado, ya sea el narco, la trata de personas o el tráfico de armas.

La economista experta en tributación internacional Verónica Grondona señala que la Unidad de Información Financiera (UIF) debería modificar los umbrales de montos a partir de los cuales se exigen explicaciones. “Es un manotazo de ahogado que erosiona aún más la confianza en el sistema. Con tantos blanqueos y moratorias, todos los contribuyentes saben que cualquier delito que cometan no tiene punibilidad. Esto contribuye más a eso y los efectos son desastrosos. Después está la evaluación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) respecto del cumplimiento de Argentina de las normas contra el lavado de activos el financiamiento del terrorismo”, advierte Grondona, integrante de la Comisión Independiente por la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional (ICRICT, según sus siglas en inglés).

María Julia Eliosoff, de la Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, opina que la nueva iniciativa de Caputo va “muy a contramano del mundo”. Ya tenemos récord de blanqueos, pero dos en menos de un año desafía todos los sentidos comunes. Tiene mucho sentido en su lógica. Si el Gobierno considera que pagar impuestos es un robo, esto contribuye a seguir erosionando la poca o mucha cultura fiscal que tenemos. Además de que es una nueva puerta de entrada a los flujos financieros ilícitos“, alerta Eliosoff.

“Si se sancionara un nuevo blanqueo, se trataría de una situación inédita, porque sería la primera vez que un gobierno anuncia una nueva amnistía antes de que termine una que ya implementó”, apunta Alejandro Gaggero, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Argentina llevó adelante ocho amnistías desde el retorno de la democracia. La realización periódica de esta medida contradice las recomendaciones de los expertos sobre el tema, incluso los del FMI, que coinciden en que, por las perjuicios que genera en una cultura fiscal democrática, tiene que ser una medida excepcional. Argentina también incumple otra de las recomendaciones, que es que las amnistías deben hacerse como parte de un paquete de medidas, que incluyan reformas que hagan a la política fiscal más equitativa y eficaz, que al mismo tiempo establezca mayores controles para reducir la evasión. En nuestro país la implementación de blanqueos tuvo una lógica cortoplacista, principalmente para enfrentar la restricción externa. El perjuicio de esto es que se tiende a degradar todavía más la cultura fiscal, incentivando el incumplimiento. Por otro lado, agrava la injusticia fiscal, porque la evasión que se perdona es la de los impuestos más progresivos, por ejemplo Ganancias y Bienes Personales. Además, los datos de las amnistías anteriores muestran que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, los que blanquean son los sectores más ricos de la población. Por ejemplo, en el blanqueo que se realizó durante el gobierno de (Mauricio) Macri participó sólo el 0,6% de la población y el monto promedio fue de casi US$450.000”, completa Gaggero.

“Huele a desesperación y va contra cualquier estatuto de control de lavado de activos”, opina Francisco Cantamutto, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional del Sur. "Algo de éxito puede tener, aún quedan dólares dando vueltas fuera del sistema, y estirar el veranito, pero acaba de pasar otro blanqueo el año pasado, no sé cuánto más exista realmente dispuesto a reingresar. Por otro lado, el Gobierno sigue relegando fuentes de recaudación afectando al resultado fiscal”, agrega Cantamutto.

El contador Arnaud Iribarne comparte el rechazo. “Todo blanqueo erosiona la relación fisco contribuyente. Si sabés que va a haber blanqueo, hoy no facturás. No podés hacer blanqueos todo los años. Es gravísimo a nivel UIF, GAFI, abriéndote al narco, la trata, las armas. Muestra la desesperación por seguir captando dólares por cualquier lado, es grave, serio. No creo que se pueda hacer sin el Congreso”, evalúa la posibilidad de que se extienda más allá de julio.

En cambio, el economista y diputado radical Martín Tetaz apoya la iniciativa gubernamental, como en su momento votó el blanqueo. “Estoy en contra de hacer un blanqueo por decreto, no se puede hacer, pero generar un mecanismo para que la gente se ponga al día y use la plata que tiene en el canuto me parece perfecto. Por decreto no se pueden condonar impuestos, pero sí multas e intereses punitorios. El Gobierno busca más ofertas de dólares para tener el dólar planchado para las elecciones, bajar la inflación y que los precios de los productos aspiracionales de la clase media, que están en dólares, como electrodomésticos, motos y autos, estén más accesibles. Es la más fórmula más vieja que la Coca-Cola para ganar una elección”, analiza Tetaz.

El diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo opina que, por lo que dijo Caputo, parece “un nuevo blanqueo encubierto para eludir su paso por el Congreso, con el fin de conseguir dólares a cómo dé lugar y ver si puede generar algún repunte del consumo que viene planchado”. “Obvio que va a favorecer a todos los negocios de plata negra, incluyendo el narco. Agrego que conseguir esos dólares tiene el fin de sostener la bicicleta financiera”, concluye Castillo.

Su colega peronista Rodolfo Tailhade se suma a la crítica: “Es una barbaridad ilegal y en contra de los estándares internacionales fijados básicamente por GAFI. Los que entren a sabiendas de que un decreto o resolución conjunta no es una herramienta legal válida, pueden ser denunciados por violación a la ley penal tributaria y a la ley de lavado”, señala Tailhade.

AR/JJD